La democracia según el FMI

El nuevo acuerdo con el FMI pretende sepultar la sentencia sobre la legitimidad o no de la deuda anterior, contraída durante la gestión de Mauricio Macri. ¿No es tiempo que se logre una discusión democrática sobre qué hacer con la deuda externa?

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

Quienes están a favor del anuncio que hizo el Gobierno Nacional para acordar con el Fondo Monetario Internacional reducen la discusión a una mera disputa diplomática y financiera. ¿No será acaso ese el problema? ¿La falta de una mirada holística sobre una problemática que afecta a millones de vidas? En otras palabras: ¿no será hora de democratizar esta discusión?

El “preacuerdo”, que solo existe de la boca para afuera y sin que todavía llegue a ser un acuerdo escrito, impidió que para este año y el próximo no paguemos, desde nuestros propios bolsillos, la gran parte de los U$S 45.000 millones que contrajo la gestión de Mauricio Macri con el propio Fondo, porque resultaba imposible de cumplir. Lo que se va a hacer es que esa deuda sea refinanciada con el propio Fondo, mediante un Acuerdo de Facilidades Extendidas, donde se realizaran transferencias durante dos años y medio, y con plazos a pagar de diez años máximo para cada desembolso. Lo particular de las Facilidades Extendidas es que el acreedor -o sea, el FMI- va a estar revisando cada trimestre las cuentas públicas de su deudor, o sea el Estado argentino, previo a cada desembolso, para ver si viene haciendo bien los deberes. Lo llamativo de esto es que la propia normativa del FMI dice que las Facilidades Extendidas requieren ser un programa de entre 3 y 4 años de duración, y no de 2,5 años. A esta altura, parece que violar sus propias reglas se ha convertido en una habituación por parte del organismo financiero, como así también la aceptación del mismo por parte de los gobiernos.

Si en el Presupuesto 2022, propuesta por la gestión de Martín Guzmán y rechazada por el Congreso, esperaba un déficit fiscal de un 3,3% del PBI, ahora con el acuerdo deberá ser del 2,5%. Una reducción de casi un punto de PBI. Según calculó el director de Banco Nación, Claudio Lozano, eso implicaría un ajuste para los dos últimos años de Alberto Fernández de U$S 8.920 millones, al tipo de cambio del presupuesto 2022, y de U$S 4.200 millones respecto al presupuesto mencionado.

Ese monto debería provenir de la quita de subsidios energéticos, de la reducción de la emisión monetaria, de la recaudación que provendría del crecimiento económico y de la restricción a la evasión fiscal.

De hecho, mientras Máximo Kirchner definía cómo iba a anunciar su renuncia de la presidencia del bloque del oficialismo, la Secretaría de Energía propuso, en plena audiencia pública, un aumento del 90% del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo cual incidirá en las tarifas de gas. Luego, una semana después del anuncio del preacuerdo, el Ente Nacional de Regulación de Electricidad tipificó a 9.449 usuarios, de las zonas más coquetas de Buenos Aires, para aumentarles sus facturas de luz.

Sobre la emisión monetaria, se pasaría del 3,7 % del PBI que hubo en el 2021 al 1% en el 2021; sin embargo, el Presupuesto 2022 contemplaba una emisión del 1,8%; o sea, se reduciría casi la mitad. Es cierto que está presente que si la pandemia pasa a ser endemia, y con un cuadro de vacunación casi completa, no requiere tanta demanda de gasto público como la que se vivió a nivel sanitario. Pero tratándose de una economía en recesión que viene durando un lustro, donde los salarios vienen perdiendo frente a la inflación y el riesgo de que las PyMES no consigan créditos al apagar la “maquinita”, el ajuste se podría sentir por fuera de las facturas de luz y gas que se repartirán por debajo de las puertas de Recoleta y Puerto Madero.

También, el tan mentado crecimiento argentino no será igual para todos, si parte de esa recaudación deba ser destinado para cumplir con los pagos. Es más, se le estaría dando la razón a Joseph Stiglitz por su mención al “milagro argentino”, porque si hubo una razón de porqué fue una acotación infeliz es por ser un parafraseo a Milton Friedman sobre el “milagro chileno” de la economía de Augusto Pinochet.

Finalmente, la demanda del Fondo por aplicar reprimendas contra evasores fiscales es el ítem de mayor cinismo. Si bien Argentina es el segundo país con mayor densidad poblacional de escrachados por los Pandora Papers, parte de la ruta del dinero de esos evasores terminan en las guaridas fiscales de Delaware y Florida, distritos de Estados Unidos, que es el principal socio del FMI. Sin mencionar que una verdadera cacería contra la fuga de billetes se concretaría mediante el control de los puertos privatizados y que algunos están en manos de firmas estadounidenses. Por último, el FMI tampoco hizo nada cuando en el último año de la gestión de Macri, los dólares aportados se escaparon al exterior gracias a la desregulación del mercado cambiario.

De todas maneras, los economistas mantienen el consenso de que el crecimiento argentino, al ritmo de las exportaciones, permitirán cosechar lo suficiente para los desembolsos, siempre que ayude la condición climática. Pero también que se llegue a concretar un combo de proyectos de leyes que se encuentran dormidas, como son la Ley de Agroindustria y la Ley de Hidrocarburos, donde implican básicamente en beneficios impositivos y un libre uso de divisas. A esto se le suma el incentivo por obtener inversiones directas para la extracción de minerales, sea en la cordillera como en la meseta. Todo en el marco de movilizaciones callejeras y conflictos territoriales, que ponen en discusión tanto los pasivos ambientales como la obsolescencia de estos negocios al ritmo de las emanaciones de los gases de efecto invernadero. Por esa razón, los discursos que criminalizan las luchas ambientales vienen teniendo espacio en los medios de comunicación de tintes progresistas.

Ante todo ello, se radica aquí la cuestión de “financiar” la discusión, privatizándola en cuatro paredes, extirpando todo meollo de índole política y penal, sin la plena disposición de salir de un eterno retorno que impide la existencia de una justicia social.

Quizás se diga que en una democracia representativa, el pueblo no ejecuta el poder, sino que la delega. Sin embargo, si uno presta atención en el correr de los años, se observa que esa democracia ha tenido que ceder espacio para instancias de participación ciudadana para discutir, por ejemplo, aumento de tarifas, estudios de impacto ambiental e, incluso, avalando referéndums sobre temas candentes. Sin mencionar de un pronóstico que de acá a unas décadas, a partir del ascenso al poder de personajes inefables mediante el sufragio, impulsará a problematizar el concepto de “democracia”, en donde las instituciones deberían quebrar el pasivo ciudadano.

Ahora bien, cuando Macri anunció el Stand By con el FMI, a mediados del 2018, se estimaba que un 70% de la población tenía un mal augurio con ese anuncio. Pero en la actualidad, se sabe que una cuarta de esa misma población cree que la deuda contraída con el Fondo se originó en la actual gestión de Alberto Fernández y no de Mauricio Macri. Es decir, lo que supone una memoria fresca sobre lo que implica escuchar a un presidente que hable del FMI, se va goteando a la sazón de una economía que viene deteriorando los bolsillos, sumado a una ausencia de democratización del debate.

La mencionada correlación de fuerzas requerida para tolerar un no pago a esa deuda se retruca con un gobierno fue uno de los que mayor apoyo tuvo para descabezar la gestión de Cambiemos en 2019: sectores del PJ, de los gobernadores, de los intendentes del Conurbano, de las principales centrales gremiales, de distintas organizaciones de base, etc., etc., etc. A esto se le suma un mínimo reconocimiento internacional sobre el desvarío del Fondo al haber otorgado el mayor crédito de su historia y aplicada de manera pésima, a tal punto que el propio presidente actual pronunciaba el neologismo “deudicidio” en charlas internacionales, sin recibir la reprimenda de ningún mandatario de los países centrales.

Es innegable que si no se llegaba un acuerdo en aquel viernes 28 de enero, muy probablemente emergía una corrida cambiaria que llevaba la cotización del dólar a un pico que destrozaba el peso argentino. Sin embargo, la resolución de lo urgente no es excusa para no ser contrafáctico en la revisión histórica. Y más cuando en ese mismo día, horas después, el Estado desembolsó U$S 700 millones para pagar intereses del viejo acuerdo, cuando no había necesidad de hacerlo. Ese último pago se firmó endosando la legitimación de la deuda. Una oportunidad perdida para marcar un antecedente o un freno contra aquello que viene condenando al país por siglos. La demanda de una mayor creatividad y osadía política requiere desviar el sendero centrista. Como contrapartida, también se necesita una buena estrategia para quienes nos posicionamos en el no pago de esa deuda para interpelar a una sociedad que tiene clavada la estaca colonial que proclama santificar sus deudas, sin importar el sacrificio que eso conlleva.