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Fernet con coca y poco hielo

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El panorama electoral de Córdoba está polarizado entre Martín Llaryora y Luis Juez. ¿El fantasma del PJ detrás del volantazo de De Loredo? Las principales alianzas en busca de sectores conservadores… y también progresistas. Y en el medio: una inédita condena judicial que marca un antes y un después en las luchas ambientales.

Por Lea Ross | Ilustración: Fuska.visual

El panorama electoral nacional, por ahora, emula a la preparación de un fernet con coca. El hielo es el tercer componente tácito que se mete en la preparación de ese brebaje popular, cuya distribución resulta ser menguadamente equitativa. Además de discursos polarizados empujados por “la grieta”, en el vaso se meten los cubitos que acumula Javier Milei, perdiendo el sabor tanto de la gaseosa como del aperitivo. Por esa razón, en su última aparición, Cristina Fernández de Kirchner enfocó sus dardos a aquel personaje que atrae a parte de sus bases desangeladas por la espiral inflacionaria.

Su reticencia a ser candidata parte de una base de pronóstico, donde el país vivirá un supuesto balotaje donde el extraño de pelo largo tendría su espacio. De ahí que para ocupar la otra mitad de ese ring, la vicepresidenta trata de generar una alquimia entre el cristinismo con el massismo. Todo sea para crear un ambiente a la francesa, donde las dos últimas elecciones presidenciales en Francia quedó polarizado entre un neoliberal Emmanuel Macron y una nacionalista reaccionaria Marine Le Pen, permitiendo el triunfo al primero en ambas ocasiones.

Macron-Le Pen y Massa-Milei. A ponerse el casco.

La coca es pa’l ferne’

Una realidad distinta se vive en las campañas a gobernación de la provincia de Córdoba, ante un vaso donde los hielos se derriten y queda todo aguado.

“Hacemos Juntos Por Córdoba” y “Juntos Por El Cambio” son quienes encabezan la contienda, con las figuras centrales de Martín Llaryora y Luis Juez respectivamente. Con las alianzas ya registradas desde el jueves pasado, también se deslumbra el nacimiento de “Córdoba De Todos”, con la fórmula Federico Alesandri–Gabriela Estévez con la bendición de CFK. El “Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad” logró la unidad con el acuerdo, casi a último momento, de los cuatro partidos trotkistas tradicionales, donde proponen a la bancaria Liliana Olivero para la gobernación, junto con la abogada Soledad Díaz García. Por último, Milei, el león que acaricia el trono del rey como el shakespeariano Scar en El Rey León, opta que sus hienas cordobesas se mordieran entre sí y presentaran dos listas separadas: “La Libertad Avanza” y “Frente Liberal Demócrata Desarrollista”.

Para el viernes 5 de mayo, se conocerían las listas, incluyendo aquellas que realizan sin internas y por fuera de los frentes. Pero las coaliciones siempre son los campos magnéticos de los votos, aún con los cortocircuitos que se viven desde adentro.

Y en Córdoba se le nota, a tal punto que los dos frentes que comparten la palabra “Juntos” vienen atrayendo sectores progresistas. El frente que centraliza al PJ cordobés logró convocar a Libres Del Sur, quienes vienen participando de marchas, junto a partidos de izquierda, contra el acuerdo del FMI. Sus razones para hacer campaña por Llaryora es para frenar el triunfo de Juez. Por su parte, en la inauguración de su búnker en Villa Carlos Paz, el juecismo contó con la presencia del médico Emilio Iosa, considerado un referente dle ambientalismo, por sus denuncias del estado putrefacto del dique San Roque. Su afán es ser candidato a intendente con el sello de Juntos Por el Cambio, ante su disconformidad por los pocos resultados de las distintas variantes del progresismo en una ciudad donde el “voto macrista” pesa fuerte.

La odisea de los vices

Tanto Martín Llaryora como Luis Juez no tienen confirmado a sus compañerxs de fórmula. Para el primero, se avecinaría más la “fórmula Lla – Lla”, con el actual intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Pero en el caso de Juez, es más complicado luego de la sorpresiva decisión de Rodrigo de Loredo de disputar la intendencia de la ciudad de Córdoba. Por el momento, se piensa en otros radicales con menos exposición mediática como el diputado Marcos Carasso o el actual intendente de Jesús María Luis Picat, renombrada figura del agronegocio.

Pero la decisión de De Loredo terminó beneficiando a la alianza peronista, ya que las propias encuestas internas de Juntos establecieron que el actual diputado nacional le otorgaba al actual senador nacional unos puntos más de atención a les votantes. ¿Por qué entonces decidió “volver a su pueblo”, como dijo en su video de 5 minutos, grabado en la cocina de su casa?

Un antecedente reciente: cuando Mauricio Macri firmó el acuerdo con el FMI, uno de los puntos que exigió el Fondo fue la reducción de subsidios al transporte. En ese entonces, la empresa de colectivos ERSA SA estaba en cesación de pagos. Con el corte de fondos nacionales, corría el riesgo de ir en bancarrota, a menos que se librara un tarifazo en los boletos, siendo ya la tercera ciudad con el servicio más caro de todo el país. Como la gestión municipal capitalina de Ramón Mestre había repartido casi las dos terceras partes de los corredores a esa misma compañía correntina, la desaparición de la firma implicaba un paralisis total de la ciudad, agravando más las ambiciones del funcionario para su ascenso electoral. Schiaretti intervino en la situación y le otorgó una ayuda al municipio de casi 1.600 millones de pesos de ese entonces para contener el precio del boleto, en diciembre de ese año. Dos meses después, Mestre anunció su candidatura a la gobernación con un frente propio y desprendido de Juntos Por el Cambio.

Quien lo acompañó a Mestre en esta implosión del frente opositor, cuya división de votos le permitió la re-elección de Schiaretti y el ascenso de Llaryora en capital, fue Rodrigo de Loredo para candidatearse por primera vez para la intendencia.

Izq.: Mestre recibe ayuda millonaria de Schiaretti (diciembre de 2018). Der.: Mestre y De Loredo dividen a Juntos Por el Cambio (marzo de 2019).

En el video subido en sus redes, De Loredo le reconoce mejoras a la gestión municipal de Llaryora ligadas a la revalorización de espacios verdes, pero que en la ciudad “el delito está desbordado”. Un plan de gestión municipal enfocado en paliar hechos delictivos estaría acompañado de recursos que se emanan desde la Provincia. Si Juez no llegara a ser gobernador, la posible administración radical podría contar, como contraprestación, el apoyo necesario de la mano de Llaryora para poner en práctica sus propio planes. Si eso es realmente lo que ocurrió, el acuerdo solo podía haberse logrado más por el lado de Schiaretti que por el de Llaryora.

Estoy rodeado de viejos vinagres

El lanzamiento del nuevo sello del oficialismo provincial se hizo el lunes pasado en Río Cuarto, con un acto donde hablaron un ligero puñado de dirigentes, con la presencia silenciosa de Juan Schiaretti. El primero en hablar fue el legislador Matías Chamorro, del Partido Socialista: “Ante cambio de paradigmas, se requieren propuestas renovadoras”, dijo mientras apuntaba su mirada a Llaryora. Los conceptos de “renovación” y “cambio de paradigma” fueron recurrentes en el pase de palabras. Quien siguió hablando fue el demócrata cristiano Juan Brügge, quien desde el Congreso de la Nación intentó bociotear el aborto legal y la educación sexual integral.

Sentado en primera fila, y muy sonriente, estaba el ex-ministro de Seguridad, y en ese entonces legislador, Alfonso Mosquera, quien durante su cartera tuvo como mínimo cuatro casos de gatillo fácil. Dos de ellos ya tuvieron condenas judiciales este año: el de Isaías Luna y Valentino Blas Correas.

¡Mozo, hay un Mosquera en mi sopa! Imagen registrada por Belén Greco.

Al día siguiente de la actividad riocuartense, el poder judicial anunció que el fiscal José Mana se encargaría de investigarlo por abuso de autoridad y malversación de fondos, por el pedido de la Cámara 8va. del Crímen, que condenó a una docena de policías por el asesinato de Blas. En esa resolución, se ordenó que se investigara a Mosquera, junto a su segundo Lucas Mezzano, por la entrega de un Toyota Corolla al secretario de seguridad de ese entonces, Gonzalo Cumplido, cuya patente pertenecería a un particular civil ajeno a la gestión de gobierno. El hecho ocurrió al día siguiente del impactante asesinato ocurrido en cercanías del centro capitalino. A Cumplido, también se pretende investigarlo por posible partícipe del encubrimiento de los uniformados, que plantaron un arma en la escena del crimen. Como edil, el ex ministro pidió licencia por 90 días sin goce de sueldo.

La salida de Mosquera del recinto de la Legislatura, mientras contempla el fragmento de la sentencia por Blas, donde se ordena investigarlo.

El abrazo no tan partido

Volviendo a Río Cuarto: la penúltima en hablar fue Myrian Prunotto, intendenta de Estación Juárez Celman, quien encabezó una pequeña tropa de dirigentes radicales para sumarse al frente oficialista. “No nos peronizamos. Pero tampoco trabajamos desde la comodidad de la oposición, repartiendo cargos”, chicaneó, a pesar de que se comenta que si esta alianza gana, ella recibiría un suculento cargo en un ministerio. También felicitó la gestión de Llaryora en la capital por convertirla en una ciudad “casi europea”.

El último en hablar fue el candidato Llaryora: “El Interior es el faro que, con innovación, creatividad y mucha humildad, le ilumina el espíritu a la Argentina para decirle que hay un modelo, que tenemos un candidato a Presidente y que Argentina lo tiene. ¡Argentina puede estar mejor! ¡Y Córdoba va a estar ahí! ¡Para mostrarle el modelo de gestión que lleve nuestra Argentina al progreso! ¡Sigamos para adelante! ¡Nunca para atrás!”, cerró de manera desaforada con fuertes aplausos.

Y Schiaretti no habló. Sentado en el palco, siendo gobernador saliente y precandidato a Presidente, no dijo ni una sola palabra. Su pasividad sintetizó su disconformidad de la poca perfomance del llaryorismo para dividir a Juntos Por el Cambio. Ante tantas promesas azucaradas, quedó un sabor a agrio ante tantos viejos vinagres.

Mayor dulzura le generó el anuncio de De Loredo.

El abrazo entre Schiaretti y Prunotto. Imagen de Belén Greco.

Mi mundo privado

“Una de las primeras cosas que hizo Luis Juez como intendente fue frenar los barrios privados”, me comenta alguien que formó parte de su gabinete municipal, cuya gestión fue entre 2003 y 2007. Ya en ese entonces, se advertía que la mancha urbana capitalina venía expandiéndose con loteos privados, que implicaba la pérdida del cinturón verde. A pesar de eso, la preocupación sobre eso dejó de existir en el resto de las gestiones.

No solo eso. Si algo diferenció su gestión del resto de las que tuvo la capital es que no tuvo conflictos con lxs empleadxs municipales. Y eso es por la buena sintonía que tuvo su gabinete con los dirigentes gremiales. Desde entonces, se generó por décadas un cierto recelo por parte del establishment cordobés. Por esa razón, quien lo secundaba en la lista por el Senado en las elecciones triunfantes del 2021, es la empresaria Carmen Álvarez Rivero, accionista de la constructora Delta SA y que le sirvió de enlace a las figuras de la Bolsa de Comercio de Córdoba para hacer las pases.

En el verano pasado, el presente cronista participó de una investigación que realizó para el portal Striptease del Poder donde se descubrió la concreción de una vivienda en el Cañuelas Country Golf, construida en el año 2020, durante la cuarentena. Se trata de una casa enteramente vidriada, con paneles de aluminio, que fue difundida en folletos de prensa de temática ligadas a estética arquitectónica en Estados Unidos. El inmueble está a nombre de María Victoria Corte, la esposa de Luis Juez, cuyo valor fiscal rondaba el año pasado en 19 millones de pesos, aunque el valor comercial podría llegar a cifras millonarias en dólares. Lo curioso es que en la AFIP, Corte figura como monotributista con categoría D.

En ese entonces, su humilde servidor se lo explicó al colega Pablo Duggan, actual conductor televisivo de C5N, para Radio 10, que lo pueden escuchar a continuación:

Un corresponsal de un canal televisivo de Buenos Aires me preguntó si los medios locales difundieron esta revelación. Le respondí que no, ya que en Córdoba hay poco acompañamiento en el periodismo, sumado al hecho que se considera “de calidad” cuando se realiza desde Buenos Aires. Pero también, Luis Juez ha sido táctico en su relación con los medios. No se limita solo a realizar declaraciones picarescas ante las cámaras porteñas o de tener coincidencias ideológicas con medios liberales o derechistas. Sino que ha dado sus aportes para distintos trabajos periodísticos, con líneas editoriales progresistas, para librar investigaciones contra figuras de la UCR y el PJ. Esa comodidad y fluidez fue necesaria para ir marcando la agenda pública.

La ironía honestista

Cuando todavía se esperaba la decisión de De Loredo, Juez le comentaba a sus acérrimos militantes que todavía no eran tiempos para lanzar propuestas electorales. “Ahora, si ustedes me apuran y tuviera que jugarmela a proponer alguna medida concreta, ese sería la eliminación de la fiscalía anticorrupción”, les decía palabras más palabras menos a sus seguidores. El Fuero Penal Económico y Anticorrupción se creó en el año 2000, apenas asumió por primera vez José Manuel de la Sota a la gobernación, y fue elegido un bigotudo Luis Juez para ejercerlo. Desde esa oficina, redactó decenas de expedientes contra ex-funcionarios radicales y actuales pejotistas. Fue despedido a finales del 2002, con el argumento de haber defendido a un policía en una causa penal, incompatible por ejercer una función pública. Eso le sirvió como trampolín político para armar el Partido Nuevo, al calor del rechazo del bipartidismo. Ahora, su propuesta de cerrarla figuraría como broche de lo que implicaría alcanzar su añorada gobernación.

Desde entonces, el fuero ha tenido mucha impopularidad por sus escasos resultados. Salvo uno reciente: el último miércoles de abril, fue condenado Raúl Costa, el ex secretario de Ambiente del primer gobierno de Schiaretti, por haber avalado inversiones en 2010, entre ellas un country, que implicaron desmontes sobre bosque nativo, violando los pasos a seguir en los trámites ambientales y por permitirlo sobre una reserva natural.

La pena fue de 3 años condicionales y 6 de inhabilitación en la función pública. Es una condena muy elevada para la caratula de abuso de autoridad. Quienes habían presentado la denuncia, la ONG ADARSA (Asociación De Amigos Del Río San Antonio), quedaron “muy contentos” con esta resolución, al igual que el resto de organizaciones socioambientales que estuvieron presentes en la sala.

“Esto es inédito. Nunca antes había participado de un hecho de estas características”, comentó el fiscal de cámara Gustavo Dalma al concluir el juicio, pronosticando que se desencadenen más causas penales de ésta índole. “Pero esperemos que también se lleguen a tiempo”, sostiene. Su acotación no es menor, sabiendo que el proceso judicial tuvo una década en decidir si el hecho era juzgable o no, mientras que al jurado popular, conformado por doce personas civiles ajenas a estos ámbitos, tuvieron que deliberarlo en tan solo una semana.

Raúl Costa carga, además, una segunda denuncia con características parecidas por otro loteo, esta vez en Sierras Chicas y en la zona de Candonga, y con la misma carátula, pero que también están procesados dos asesores técnicos. Para el juicio recién concluído, el acusado aseguraba que solo se limitó a firmar resoluciones que tenían el aval de esos especialistas que trabajaban en su Secretaria.

Lo irónico de esto es que en 2009, Costa protagonizaba propagandas televisivas, acusando al kirchnerismo de estar involucrado en casos de corrupción. Ahora, la pena que recibió fue por acusaciones ligadas de la misma naturaleza.

Y he aquí, la palabra de Costa, hablando con su humilde, en este video: