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¿El FMI se tomará todo el litio?

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El Fondo Monetario Internacional publicó un duro informe, donde le exige a la Argentina ajustar y devaluar. Pero también, le impone que genere más dólares. Entre líneas: que tome al caso Jujuy como modelo a seguir para exportar más litio.

Por Lea Ross

A Manuel Lagleyze.
Para quienes iluminan sin ser unos iluminados.

Atento a lo que acontece en Jujuy, el Fondo Monetario Internacional estaría presionando al Estado argentino para que el negocio de litio esté garantizado para las empresas extranjeras.

Es lo que se lee entre líneas en su último Informe del Sector Externo (External Sector Report), que lleva como subtítulo “Reequilibrio externo en tiempos turbulentos” (External Rebalancing in Turbulent Times). La conclusión que saca el reporte de 114 páginas es que gran parte de los países del mundo acrecentaron sus balances corrientes (gastos e ingresos), debido a la recuperación de la pandemia, la guerra en Ucrania y las políticas monetarias aplicadas en Estados Unidos, pero en desigualdad de condiciones. Es decir: algunos les crecieron sus superavit (saldo positivo), pero a otros les empeoró los déficit (saldo negativo), como es nuestro caso.

En la gráfica de abajo, está la lista de naciones que tiene más problemas en cuanto a su situación de relaciones exteriores. Según el Fondo, estas “economías con posiciones externas más débiles de lo garantizado deben centrarse en políticas que impulsen el ahorro y la competitividad”. En el caso nuestro, los datos arrancan en 2018, porque esa fue la fecha que retornamos al Fondo, por pedido del entonces presidente Mauricio Macri. Varios especialistas interpretan que la publicación de este informe fue inoportuna, debido a que se realizó en medio de las reuniones que están teniendo los funcionarios nacionales con el organismo, para pedirle más flexibilidad en sus exigencias.

Todo se sintetiza en la página 48, donde le exige la siguiente receta: “Implementar una consolidación fiscal (achicar el gasto) favorable al crecimiento, combinada con una política monetaria estricta (dejar de emitir pesos) y un régimen cambiario simplificado (que el dólar oficial cotiza al valor de los paralelos), para fortalecer la balanza comercial (para ahorrar), reconstruir las reservas internacionales (que haya más dólares), recuperar el acceso al mercado (atraer inversionistas) y garantizar la sostenibilidad de la deuda (garantizar el pago de la deuda)”.

Considera, entre los párrafos 19 y 20, que estas economías deben “implementarse de manera favorable al crecimiento, al tiempo que brinden espacio para la inversión en infraestructura crítica y el gasto social bien focalizado para ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad (por ejemplo, en Argentina y Sudáfrica)”. Es decir, que deben “brindar espacio” para que se hagan inversiones y, a la vez, generar cortes de presupuesto en todo lo referido a planes sociales, remuneraciones y subsidios en tarifas. Cuando hablan de focalizar quiere decir ajustar.

Continuando: “Los países con desafíos de competitividad también deben abordar los cuellos de botella estructurales a través de la mano de obra, el mercado de productos y otras reformas estructurales para promover el crecimiento verde, digital e inclusivo al tiempo que impulsan la productividad”. En otras palabras: impulsan reformas laborales, que implicarían retrocesos en los derechos adquiridos, para facilitar la “promoción del crecimiento verde, digital e inclusivo”. Verde se refiere a energías limpias. Digital, que ligue a las nuevas tecnologías. E inclusivo, que haga partícpe a países en desarrollo. En una palabra: litio.

En ningún momento dicen explícitamente que Argentina debe favorecer la intervención extranjera en el litio, porque no es un reporte enfocado en las economías de sus paises, sino sus saldos respecto en sus relaciones externas.

Pero en su página 64, dedicada exclusivamente a la Argentina, establece que “se requieren reformas estructurales para impulsar la capacidad exportadora de Argentina y fomentar la IED [inversiones extranjeras directas]”. “Reformas estructurales” para exportar pueden interpretarse de distintas maneras: monetarias, impositivas, de control ambiental… pero también represivas. Básicamente, lo que hizo Morales con su constitución provincial, al prohibir las protestas callejeras.

La grieta del Fondo

En su labor como ministro de Economía, y precandidato a presidente, Sergio Massa, lidía con el Fondo con posiciones ambidiestras. De manera inédita, le aceptaron recibir parte de los vencimientos de junio en yuanes, la moneda expansiva de China, la gran rival de Estados Unidos. Algo inédito en el mundo. E incluso, en la semana saliente, convenció a su directora general, Kristalina Georgieva, a que haya una tregua durante un mes y que las negociaciones retornen para después de las elecciones de las PASO, para así evitar momentos tumultusoso en las finanzas con impactos en los bolsillos y, por ende, en el voto.

Sobre el caso Argentina, Georgieva es del bando interno de las “palomas”: advierte que si Argentina llega a quebrar como en el 2001, puede generarle al FMI otra mala prensa y un costo político dificil de escapar, por el origen del maldito préstamo de 45 mil millones de dólares del 2018, donde se sabía de antemano que el país no podía pagarlo. Por el contrario, está su competidora, su subdirectora Gita Gopinath, que dice que hay que ser duras con Argentina. Es en ese marco donde se publica el mencionado reporte, que al parecer para quienes trabajan en el Ministerio de Massa fue un baldazo de agua fría en otoño, aún con las posibles presiones para permitir las inversiones de litio, del cual no tendrían ningún problema en avalarlo.

Massa fue uno de los pocos del Frente De Todos que no repudió lo ocurrido en Jujuy.

Una puja en la Puna

La flamante Constitución jujeña impone al Estado regular ciertos tópicos bien contemporáneos, que no aparecen ni siquiera en otras constituciones provinciales: cambio climático, bioeconomía, economía circular, economía popular, inteligencia artificial, protección de datos, derechos de los niños, niñas y adolescentes, etc., etc., etc. Pero los trata como si se tratara de un beneficio, cuyos costos se expresaron en las calles. En particular, con el artículo titulado “Derecho a la paz social y la convivencia democrática”, cuyo inciso 4, establece la prohibición de los cortes de calles, de rutas, de otras perturbaciones al derecho a circular y la “ocupación indebida” de los edificios públicos. Básicamente, la prohibición total a la protesta.

Desde Jujuy y en todas partes del país, quienes se manifiestan en contra de la reforma sostienen que su principal causa es por las consecuencias sociales que generaría el avance de proyectos mineros de litio, alojados en los salares de la Puna, que implicaría la pérdida de territorios y reservas de agua, poniendo en cuestión la superviviencia de algunas comunidades.

La demanda de litio en todo el globo es por la producción de baterías y dispositivos electrónicos. Más de la mitad de esos recursos se concentran en Argentina, Bolivia y Chile. Se obtiene por bombeo de los suelos para extraer las salmueras y luego depositarlas en piletones. De allí, las sales decantan, mientras el agua es evaporizada. Con la concentración de los minerales, se tratan en un proceso químico-industrial para obtener el carbonato de litio, la materia prima para iniciar la producción de elementos de electrónica.

Como podemos observar en la siguiente gráfica, Argentina tiene un boom de exportaciones en carbonatos de litio, donde el año pasado superó los 665 millones de dólares en FOB, es decir, al precio del momento en que el bien exportable es embarcado en los puertos. Es casi tres veces al segundo pico que tuvo que fue el 2018, que fueron casi U$S 255 millones en exportación.

Actualmente, solo hay dos minas de litio en función en Argentina: uno es en el Salar de Olaroz, ubicado en la región jujeña de Cauchari, y la otra es el proyecto Fénix, en Catamarca. La primera es explotada por una asociación empresarial, encabezada principalmente por la australiana Allken, mientras que la segunda por la estadounidense Livent. Sin embargo, este año, Livent y Allken anunciaron que se fusionarían en una misma empresa: NewCo, apócope de “Nueva Corporación”. Creatividad para inventar nombres, le sobran.

A esto se le suma una investigación previa a la fusión Allkem-Livent, publicada por la fundación FUNDEPS y el colectivo periodístico Ruido, que confirma que los dueños de esas firmas son entidades financieras con sede en Estados Unidos, cuya ciudad capital, Washington, está la sede del FMI, a tres cuadras de la Casa Blanca. Allkem tiene como principal accionista al JP Morgan, con sus oficinas instaladas en Nueva York, y recordado en nuestro país por haber abierto en secreto cuentas bancarias a reconocidas figuras acaudaladas de nuestra patria. A su vez, esos bancos tienen como accionistas a fondos de inversión como Vanguard y BlackRock, ésta última también neoyorkina, y que también tienen entre sus inversiones a Livent.

Infografía hecha por FUNDEPS y RUIDO.

Es decir, con NewCorp manejando las dos únicas minas de litio en funcionamiento, con sus principales accionisas oriundos de Estados Unidos, los intereses norteamericanos tengan su peso en este negocio extractivista. Desde la óptima estatal nacional, no lo ven tan así, porque esperan avanzar en nuevos emprendimientos con capitales chinos para equilibrar balance geopolítica. Se está construyendo otra mina en la zona del Cauchari, a cargo de la china Linthium Americas Corp., a la vez que otras dos cuentan con prefactibilidad, en manos de Lake Resources NL, de Australia, y otra de Allkem. Finalmente, Pluspetrol está en etapa exploratoria por las Salinas Grandes.

Sin embargo, como lo expuso La Luna con Gatillo, existirían ciertos lobbistas para evitarlo, como Fernando Oris de Roa, “director no ejecutivo” de Allkem, que cobra un salario de casi 200 mil dólares. Fue subsecretario de inversiones de Horacio Rodríguez Larreta, actual candidato a presidente y compañero de fórmula del gobernador Gerardo Morales, en la jefatura porteña. Un año después, en 2017, el presidente Macri lo designó como embajador argentino de Estados Unidos en casi toda su segunda mitad de gestión, es decir, cuando se contrajo el crédito con el FMI. Se sabe que ese préstamo fue por exigencia del presidente Donald Trump para ayudar a su par amigo a que ganara las elecciones de 2019.

Tomar todo el litio

Es jueves 20 de julio. La zona céntrica de la ciudad de Córdoba se nutre de peatones aprovechando la celebración del Día de la Amistad. Para otros, implica otro sentido más contraria al afán consumista. La marcha en repudio a los sucesos en Jujuy se cuela con un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, ocurrido en el departamento del Libertador General San Martín, donde en 1976 las fuerzas represivas realizaron centenares de detenciones, de las cuales 33 permanecen desparecidos, ayudados por los vehículos y el corte del suministro eléctrico cedido por la empresa Ledesma.

“Esta es una lucha histórica. Así como conmemoramos el Apagón en Ledesma, donde se utilizaron recursos de represión, hoy en día están vigente en épocas de democracia”, declaran desde la Comunidad Malonera en Córdoba, en plena movilización, quien insisten en hablar del agua.

A paso lento, hasta llegar a la Casa Radical, sede del partido político que encabeza Morales, algunos peatones se disgustan por el corte de tránsito en media calzada, impedida de poder comprar productos de consumo para alguna amistad. “Sepan que ese celular que ustedes usan es obtenido por el litio”, comenta otra de las manifestantes. En realidad, el litio nutre la obsolescencia programada. El deterioro de las baterías mantiene la demanda pico para cambiar los dispositivos. Lejos parece aceptar el capital un cambio de perspectiva sobre la minería que apunte a la recuperación y reciclaje de esos metales para su reutilización, en lugar de mantener su raíz extractivista.

Una madre carga, a parte de su hijx, un cartel con un texto extenso. Le pido que se detenga para que yo lo pueda leer. Dice: “La reforma solo implica despojo indígena. Somos pueblos indígenas preexistentes y porque el Estado aún no reconoce la titularidad de nuestros territorios. Porque considera que el derecho a la propiedad privada está por encima del derecho a la posesión ancestral y a la propiedad comunitaria en territorios de los pueblos indígenas. ¡Arriba la whipala! ¡Abajo la reforma!”.

Jujuy sigue marcando agenda, una prueba de ensayo y error, en tiempos donde se le exige a un país que mantenga con firmeza su afán de elevar sus “reservas internacionales” para honrar sus deudas. Pero a veces, en la medida que el tiempo se extiende, la distancia entre la tragedia y la farsa se achican rápidamente. Una reversión de un clásico de la Mona, que se escuchan para quienes marchan en las calles del fernet con coca, lo confirma:

“No sé qué pasa en esta ciudad / No sé qué pasa, no puedo entender / Morales gato, dejate de jodeeeer/ El agua es vida, es para beber / Diganmeeeeen, quiero sabeeeerrr… / Quiéééééén se ha tomado todo el litio-o-o-o-o…”

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