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Córdoba 2022: Un plan IIRSA en marcha

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Más números sobre la Autovía de Punilla y Paravachasca, cuyo monto total son diez veces más a lo que gastará la Provincia el próximo año para combatir el hambre. Detrás del avance vial, se pretende mantener la profundización de matriz sojero-maicero de la provincia. Como consecuencia de ello, la principal dirigencia política local se enfoca en una mirada “caudillística” desprendida de los riesgos de un endeudamiento a la deriva.

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

La semana pasada, La Luna con Gatillo expuso los números en bruto sobre cuánto se gastarían en los años 2022 y 2023 en la provincia de Córdoba para los dos proyectos viales más importantes de la gestión de Juan Schiaretti: la Autovía de Punilla y la Autovía de Paravachasca. Ambos están dentro de un marco operativo financiero, donde la administración provincial propone, según lo consignado en el Presupuesto 2022, y de cada a 2023, un gasto privilegioso para la asistencia social y la obra pública. Pueden volver a leerlo aquí: https://bit.ly/3HWJr2f

Sin embargo, como vemos en la siguiente gráfica, los enormes gastos para ambas obras de acá hasta en la previa de las elecciones a gobernador, son magnánimas en comparación a lo que se pretende emitir para el próximo año para un mínimo resguardo alimenticio, como son la Tarjeta social, el reciente plan Más Leche Más Proteína, y los complementos nutricionales para sectores vulnerables. Precisamente, las movilizaciones se vuelven más recalcitrantes en reclamo de apoyos en los comedores por parte de organizaciones barriales.

La siguiente gráfica hace una comparativa entre la totalidad de pesos que se gastarían entre los años 2022 y 2023 de ambas autovías, que son unos $ 27,4 mil millones, con distintos programas sociales en distintos ámbitos del Estado que sean inferiores a esa cifra, según lo propuesto en el Presupuesto 2022. Por fuera de esa imagen, podemos decir que la suma de los dos proyectos viales equivalen a la sexta parte de todo los programas del Ministerio de Educación ($ 157 mil millones), y un 40% de todos los programas de Salud ($ 65 mil millones).

Desde luego que se aclara, nuevamente, que los gastos para esas autovías son de acá a dos años y no solo al 2022, que sí lo pautan la lista de programas estatales. Pero permiten medir la envergadura del privilegio que se pone a las grandes obras monumentales, y cuestionadas por un sector de la sociedad, en detrimento de las urgencias sociales en un panorama de incertidumbre económico, social, sanitario y nutricional.

Estamos hablando de dos proyectos que pretenden desmontar bosque nativo, atravesar cuerpos de agua que se utilizan como fuente para el suministro bebible, zonas arqueológicas y paleontológicas de máxima conservación y el temor que se desencadene un boom inmobiliario con falta de regularidad territorial.

En cuanto a los gastos que están por debajo de lo que se pretende gastar por las dos autovías, se encuentran los programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que abarca desde el mantenimiento de los establecimientos penitenciarios, la formación educativa de las personas privadas de su libertad, los aportes al Archivo Provincial de la Memoria y políticas de asistencia a menores de edad. Abarcan un total de 18 mil millones de pesos, dos terceras partes a lo que costaría las autovías de Punilla y Paravahcasca.

Luego tenemos los programas de Desarrollo Social, cuyo combo abarca desde personas damnificadas por situaciones de desastres, las Salas Cuna, las atenciones para personas mayor de edad, veteranos de Malvinas, comedores y todos los programas alimenticios. Este último, por ejemplo, abarca los $ 3 mil millones que mencionamos al comienzo del presente informe. La totalidad dentro de la órbita del ministerio es de $ 12 mil millones, menos de la mitad que de las dos autovías, que a su vez la suma de éstas dos obras viales son diez veces más a lo que asiste el gobierno para que lxs niñxs no mueran de hambre.

Después tenemos los programas de empleo, donde aparece el Plan Primer Paso, el Programa de Inserción Laboral, etc. En total, son $ 5,7 mil millones, la cuarta parte de las autovías. Parecido a los programas de fortalecimiento habitacional (Vida Digna, Vivienda Semilla), que son $ 5,3 mil millones.

Por último, todo lo que se gastará en los boletos de transporte gratuito (educativo, social, obrero) son una sexta parte, $ 4 mil millones; todos los programas del Ministerio de la Mujer, para atender casos de violencia de género, familiar y trata, son de $ 1,5 mil millones (20 veces menos), igual que todos los programas que incentiven las investigaciones en ciencia y tecnología ($ 1 mil millones), ambiente ($ 775 millones), hábitat social ($198 millones) y economía familiar ($ 101 millones).

Finalmente, las organizaciones socioambientales de Córdoba advierten que ambas autovías no han sido diseñadas para mejorar el turismo en los departamentos, sino como alternativas para el paso de transporte de gran porte que carguen los granos de soja y maíz directo a los puertos. De hecho, durante la audiencia pública de la Autovía de Punilla, los autores del estudio ambiental reconocieron que el trayecto estuvo inspirado plan IIRSA, un proyecto continental planeado al comienzo del presente siglo y enfocado en la inversión de infraestructuras para facilitar el transporte y exportación de materia prima para el mercado de China.

Servicios más económicos que sociales

Entre aquel panorama presupuestario, y lo que denuncian las asambleas ciudadanas serranas, todo es acorde a lo que plantean los últimos datos publicados por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), que realizó un breve informe sobre algunas consideraciones propias sobre esos gastos a tener presente.

Se calcula que, en términos reales (es decir, valores nominales descontados por la inflación estimada), el Presupuesto Córdoba 2022 tendrá un crecimiento del 15%, en comparación al año saliente. Pero lo que se subraya a continuación es que el principal aumento se da en el rubro de los Servicios Económicos, con un abultado 76%, como se muestra en la gráfica. Esos fondos, se destinan principalmente al rubro agropecuario. Una realidad muy distinta al de los Servicios Sociales, que solo crece menos del 3%.

De hecho, ese 2,8% “queda un 6,4% por debajo de su nivel máximo presupuestado en 2016”, señala en el informe que, además, si en el año 2012, los Servicios Sociales representaban un 51% del presupuesto y los Servicios Económicos un 7%, para el año 2022 estos porcentajes pasan al 41% y 19% respectivamente. En el siguiente gráfico, vemos el gran salto se da en Servicios Económicos y que el gasto en Administración Gubernamental también alcanza su mayor valor en el periodo.

Cuando hablamos de Servicios Sociales nos referimos a Salud y Educación, los principales rubros que crecen menos del 4%, sin alcanzar los niveles máximos del año 2016: “Es paradójico que en el contexto actual de necesidades urgentes los componentes de Promoción y Asistencia Social y Vivienda y Urbanismo sufran un recorte del 2% y 23% respectivamente. Este último se mantiene en caída libre desde 2016”.

Mientras que los Servicios Económicos, no solo el sector agrícola se beneficia con un creciente gasto a su favor, que alcanza un 297% en relación a 2021, sino que además recibe un 35% de lo asignado a Transporte, a través del Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario. Como contracara, los programas de incentivo a la Industria caen un 4,5% y participan marginalmente en relación al total de los mencionados. Por otra parte, también se destaca un 17% de aumento a la Administración de los Servicios Económicos, donde casi todo sus fondos (un 93%) se destinan a la Agencia de Córdoba de Inversión y Financiamiento, ACIF, una polémica entidad autárquica que administra los fondos dolarizados de la deuda pública para financiar polémicas obras públicas. De hecho, un 39% de su presupuesto se utiliza para el pago de esos créditos.

Finalmente, el informe de OTES cierra advirtiendo que “el modelo productivo con predominancia del sector agropecuario en la provincia es fomentado por políticas directas de afectación de recursos por parte del ejecutivo cordobés. Aún en un contexto de serias dificultades económicas y sanitarias, distintas áreas del gasto provincial altamente sensibles acumulan pérdidas significativas en los últimos años, como la Educación y la Vivienda. Y otras, como Salud y Asistencia Social, no muestran signos de recuperación”.

La descentralización del puerto

La protección política hacia el agronegocio no está prescindida de los resultados electorales, del cambio del Congreso Nacional y del panorama económico-político actual. El politólogo José Natanson, director del Le Monde Diplomatique, escribió recientemente que “Alberto no es Alfonsín, pero el clima es alfonsinismo”, en referencia a la incertidumbre que se vive sobre las presiones de establecer un acuerdo o no al pago con el Fondo Monetario Internacional, mientras los mercados empujan a que el dólar oficial sea igual al de los dólares paralelos, lo cual eso llevaría a que el peso argentino se devalue a la mitad y, con ello, una fuerte suba de precios inaguantable a esta altura.

“Como Alfonsín, Alberto es un presidente de vocación progresista obligado a gobernar bajo fuertes restricciones financieras. Tiene por delante la tarea difícil de encontrar un camino finito, que estamos acostumbrados a pensar como un todo pero que podría descansar en equilibrios que superen la trampa del empate: por ejemplo, combinando medidas ‘por derecha’ (segmentar y aumentar tarifas) con otras “por izquierda” (algún tipo de ingreso universal). Si las elecciones del domingo le dieron una inesperada segunda vida, de su capacidad para encontrar una síntesis depende que el módico alivio electoral no se desvanezca en el aire”, señala Natanson.

En 1989, Raúl Alfonsín había renunciado como presidente seis meses antes de terminar su mandato, ante una terrible situación socioeconómica, caracterizada por la hiperinflación y materializada por los saqueos. De ahí, la proeza caudillística de un Carlos Menem, aclamado en su tierra natal de La Rioja, que prometía la revolución productiva. Cuando llegó a Buenos Aires, se quitó las patillas y lanzó la Convertibilidad, manteniendo la paridad del peso y el dólar. Las inestabilidades bursátiles, que empezaron con el efecto tequila, serían el comienzo de lo insostenible del modelo, que concluyó en el cierre del año del 2001, una de las peores crisis que se vivió en nuestro país. Casualmente, para las elecciones de 2003, quienes venían a responder las demandas del nuevo milenio, fueron también hombres de caudillo: Menem de nuevo y Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz; sin embargo, ambos arribaron a Buenos Aires con mucho menos épica, porque en ese entonces, lo épico fue privilegiado por las calles, al haber alcanzado la destitución de un presidente.

En la actualidad, pretendiendo ser más cercano a 1989 que al 2001, sectores de la oposición nacional pretenden reiterar una supuesta épica federal a lo Facundo Quiroga o el Chacho Peñaloza, enfocado en un discurso de proteger al sector agropecuario, manteniendo una férrea defensa a la quita y baja de retenciones móviles, aunque eso implique menos generación de divisas. Así se contempló tanto en las difundidas 20 propuestas de Hacemos Por Córdoba, y la fracasada consigna de “Ellas”, como así también las declaraciones públicas de Juntos Por el Cambio, encabezado por Luis Juez. Esa descentralización hacia el puerto, que incluso implicaría borrar a la figura de Mauricio Macri del mapa político, se materializó en un encunetro fotográfico entre el gran ganador cordobés, junto con Carolina Losada, ganadora del mismo frente en la provincia de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, triunfante en la provincia de Buenos Aires. Eso sí, no se dejó pasar que ese encuentro se hizo en la Capital Federal.

Luchadores federales. Pero Dios atiende en Buenos Aires.

Dar agenda

Según una entrevista reciente a Luis Juez en medios de la capital cordobesa, y que lo pueden ver a continuación, el electo senador sentenció que la agenda pública sobre temas candentes son instalados desde Buenos Aires, pero que no se condice como paliativo a los problemas de la pobreza, como la Ley de Etiquetados y la Ley de Envases, “con el verso de ayudar las cooperativas de Grabois”. Para el entrevistado, los temas que “no se discute” son el cepo de la exportación, la carga impositiva y las retenciones, que lleva a que un productor agropecuario no pueda exportar por “no tener un dólar competitivo”.

El proyecto de ley de envases consiste en aplicar una tasa a toda empresa que no recicle los envases como residuos, cuyo monto en gran parte se destinará para la gestión integral de residuos de municipios con participación de organizaciones cartoneras.

La iniciativa es rechazada por la Cámara de Comercio Bilateral entre Argentina y Estados Unidos (AmCham), integrada por grandes firmas como DirectTV, el laboratorio Pfizer, Amercian Express, IBM, PyG, Motorola, Pan American, los bancos BBVA, HSBC y City, la cerealera Cargill y la agroquímica Dupont. Pero también tiene su delegación en la provincia de Córdoba, donde participa el Banco de la Provincia de Córdoba.

De hecho, el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, comentó por televisión, en base a lo que le señaló su compañero en la Cámara Baja Itaí Hagman, que AmCham le financió a varios legisladores un viaje a la capital estadounidense, con alojamiento all inclusive, con tal de evitar que voten a favor del proyecto. Se comenta que la propuesta fue recibida con encanto por parte de un diputado cordobés que empieza con la letra “C”.

Se trataría de un legislador señalado como un posible candidato a gobernador bajo el sello de Hacemos Por Córdoba.

Evidentemente, el federalismo logra cerrar grietas nacionales, como también internacionales.

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