Los políticos de antes sabían chorear
¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Ya que el caso de Insaurralde es peor que el de Adorni. Los casos de desplanificación urbana y la injusta matriz productiva son los debates que no entran ni en el debate moral ni político.
Por Lea Ross
La “renuncia” de Manuel Adorni (más echado que renunciado) es un efecto del ejercicio de la corrupción con pocas luces. Para quienes tengan curiosidad y se embromaron con el Prode del Mundial, he aquí una tabla con todos los bienes declarados, las valuaciones que los computó por año, tanto la versión original de 2023 como la rectificación que tuvo que hacer, más la especificación del inicio y final de año, hasta la versión tardía del 2025.
Pero el caso de Martín Insaurralde, ex-diputado nacional K y ex-jefe de gabinete del gobernador Axel Kicillof, en base a la filtración de los videos que registró su ex Jesica Cirio, hablaríamos de montos mucho más abultados que los que figuran en pesos de la tabla de arriba. Si todos los billetes ocultos son de 100 dólares, guardados en bolsas Ziploc, y pensamos solo en dos cajones de arriba, podrían llegar a alcanzar los 2,5 millones de dólares en total y de base. Diez veces más que la renta que obtuvo Adorni en su supuesta apuesta a los bitcoins.
La corrupción K
En el año 2016, época que se había viralizado las imágenes del ex-secreario de Obra Pública, José López, revoleando bolsos con dólares, el pensador Diego Sztulwark había publicado un extenso análisis en su blog Lobo suelto sobre los dilemas y confusiones a la hora de pensar la corrupción, del cual subrayamos el siguiente fragmento:
“La década kirchnerista –que es necesario pensar como parte de un fenómeno de escala regional– introdujo una novedad con respecto al planteo de la relación entre dinero y política. Frente al tradicional financiamiento político por medio de la obra pública y otras contrataciones del Estado (hábitos tan perdurables como el financiamiento de la policía a través de la gestión del crimen organizado), se difundió un discurso militante que justificaba en privado la acumulación ilegal de dinero por medio del uso de fondos públicos, como un camino para dar la pelea a las elites establecidas que controlan todos los recursos económicos, institucionales y mediáticos. Pero allí se mezclaron cosas diferentes. Una cosa fue la transferencia de recursos a organizaciones populares, otra la recaudación para financiar campañas electorales y otra el enriquecimiento privado. La primera fue absolutamente justa, aún cuando resulte discutible el modo como se la hizo (y no se trata de una discusión menor). La segunda se presta a todo tipo de interpretaciones manipuladoras e hipócritas, que evitan dar lugar a una auténtica argumentación sobre la relación entre financiación y acumulación política. Y la tercera se resuelve íntegramente con el código penal en la mano, respetando garantías de debido proceso y legítima defensa. La confusión de estas tres instancias con el fin de legitimar políticas de supuesta transparencia empresarial es triplemente canalla: primero, porque celebra la dinámica de concentración de capital y no el de la distribución de la riqueza; segundo, porque legitima la ecuación inmunda según la cual el partido de los honestos es siempre el de los ricos; y tercero, porque oculta que los supuestos saneadores morales son los mayores protagonistas (ayer y ahora) del desfalco en el país”.
Y cerramos con otro fragmento: “Quizás lo más grave en esta situación sea la incapacidad de criticar abiertamente la precariedad de esta mediación progresista –la degradación política de esa mediación territorial, gremial, empresarial- desde una izquierda no abstracta (o no gorila, como le gusta decir al peronismo) y desde movimientos sociales no estatizados. Esta incapacidad acaba por debilitar el planteamiento de un problema urgente: el de la construcción de una mediación popular de calidad, capaz de crear mecanismos públicos de distribución de riquezas y de ampliación y descentralización de la decisión política. Esta pobreza y la degradación de la mediación política está en el fondo de lo que vemos emerger como una profunda crisis de la democracia. Lo que no planteamos a tiempo, por izquierda y con buenas razones, se manipula después por derecha con revanchismo y en función de un proyecto abiertamente antipopular”.
Las cenizas de los boom
Con el femicidio de Agostina Vega, el espacio donde se habría generado explotación sexual y administrado por una de las imputadas de la causa, la ciudad de Córdoba discute sobre los “dueños de la noche” o los “elefantes blancos”. Es decir, aquellos que manejan bares, boliches, after, todo mediante el pago de coimas a empleados y funcionarios. La puesta en funcionamiento de “Wachitas Bar”, administrada por una de las imputadas y cuyo primer piso les generó ganancias en negro a partir de la explotación sexual, plantean preguntas sobre si su permanencia se logró mediante las cometas a inspectores municipales o logró ensamblar un encadenamiento que alcanzaría una red de trata de personas.
Hasta ahora, una versión publicada por la periodista Laura González, en el diario La Voz del Interior, aseveró que una fuente le explicó que “la semanal”, aquel peaje que hay que pagar para no clausurar, se envía mediante una moto “como si fuera un delivery de lomitos”, que viajan desde una supuesta oficina en las cercanías del Patio Olmos hasta el ingreso de la playa de estacionamiento de la Municipalidad.
El boom sojero, iniciado a comienzos del siglo, medido “a tasas china”, como se le llamaba en ese entonces, generó un derrame en la inversión inmobiliaria, donde revalorizó las tierras céntricas de las urbes pampeanas. Las inversiones inmobiliarias llevaron a que los ámbitos bailables estuvieran concentrados en determinadas zonas y se atomizaron en los centros comerciales donde conviven con los estudiantes que pudieron acceder a un departamento. Los bares acrecentaron su tasa de ganancia, al ocultar las mesas y las sillas por la noche, y poner música a todo volumen. Y si tenían un piso demás, habilitaban la explotación sexual. La retroalimentación conllevó el pago de una tarifa (“la semanal”) para inspectores y empleados que generaron una administración financiera-administrativa, como lo expone la causa penal “Bomberos SA”, que involucró al ex-jefe de la policía de la provincia Gustavo Folli.
Pasados por agua
Hablando del boom sojero, se concretó la gran privatización de la era Milei. En realidad: una re-concesión con los mismos actores extranjeros. Estamos hablando de la tan comentada “Hidrovía”, cuya definición más técnica, en materia de ingeniería, sería “Vía Navegable Troncal”. Se trata de las obras de dragado que se realizan en los entornos e interiores del Río Paraná-Paraguay, con el fin de facilitar el paso de los barcos que transportarán más del 80% de las materias primas exportables de nuestro país. La concesión quedó en manos, nuevamente, de la empresa de origen belga Jan De Nul, pero acompañada en este caso por la firma local Servimagnus SA.
Frente a los cuestionamientos que hubo sobre el proceso licitatorio, se realizó una audiencia pública ciudadana en noviembre de 2025 para debatir el estudio de impacto ambiental, donde hubo un total de 260 inscriptos que expusieron sus observaciones durante dos días. Para quién le interese tener un paneo de lo que ha sido aquella jornada pueden ver la síntesis de algunas de las exposiciones, donde incluye la participación de su humilde servidor:
Los frustrados intentos de la empresa competidora DEME, también de Bélgica, de impugnar la licitación implicaría un triunfo para Santiago Caputo, sobrino del actual ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Los pronósticos apuntan a que el socio local de Jan De Nul, Servimagnus SA, va a subcontratar algunas labores a empresas ligadas a los hermanos Neuss, que conforman un holding de distintas inversiones en ascenso, y que además conocen al asesor del presidente Javier Milei desde que eran estudiantes. De ahí que el oscuro operador de La Libertad Avanza estaría planificando el ascenso de nuevas figuras de la burguesía en Argentina, con el afán de concretar suculentas ganancias.
Una semana antes de entregar la concesión, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, emitió un dictamen donde concluyó que en la licitación “surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los 139 pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”.
Desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA): “Surge de las actuaciones que la publicidad de la convocatoria se efectuó con un plazo, contado a partir del día siguiente a la publicación del último aviso, que apenas excede en 5 días el mínimo legal previsto por el Decreto 1172/200339 (20 días corridos), lo cual contrasta con la complejidad y el volumen de la documentación técnica que debía ser evaluada por los interesados”. Hablamos de que cada expositor debió leer un informe de alrededor de 1.900 páginas, lo cual el breve lapso “para analizar semejante volumen de datos (300 páginas diarias con contenido técnico) es materialmente imposible”.
Por otra parte, lo que es el estudio de impacto ambiental, fue señalado por tener una ausencia sobre “la situación particular de ciertas obras de dragado en diferentes sitios de la cuenca”. Asimismo, los expositores “expresaron que los documentos puestos a disposición en la audiencia pública no representan un Estudio de Impacto Ambiental actualizado. Recalcaron que desde hace un siglo la cuenca hídrica se explota sin estos procedimientos”.
Más RIGI que Super
Si la hidrovía no bastaba, además se le suma la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. En latín: el “Super RIGI”. A diferencia del RIGI tradicional, apunta “a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas” (Art. 1). Apunta a “todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación” (Art. 4).
Solo lo podrán acceder aquellos que pidan la solicitud durante los próximos cinco años con posibilidad de extensión de un año (Art. 5). Además, a diferencia del RIGI que apunta a inversiones de U$S 200 millones, acá se habla de U$S 1.000 millones (Art. 12). Ofrece principalmente una catarata de beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros. No especifica ningún trámite referido a la evaluación ambiental, como supuestamente se hizo durante la discusión de la hidrovía. Finalmente, impida que las provincias y comunas no puedan firmar normas que restrinja ciertos beneficios a estas inversiones.
El economista Matías Cena Trebucq, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), escribió que “la limitada capacidad del RIGI para atraer las inversiones sugiere que la competitividad de una economía no depende exclusivamente de la reducción de impuestos o de la flexibilización regulatoria, sino también de factores como la calidad institucional, la disponibilidad de infraestructura, la capacidad de innovación y la previsibilidad de las reglas de juego. El debate de fondo no pasa únicamente por cuántas inversiones ingresan al país, sino por qué tipo de inversiones se promueven, bajo qué condiciones y en beneficio de quiénes. El Super RIGI profundiza un esquema que amplía beneficios para grandes capitales, restringe márgenes de decisión de futuras administraciones y desplaza a un segundo plano dimensiones centrales para evaluar la calidad de las inversiones, como sus impactos socioambientales y la participación en la toma de decisiones de las comunidades afectadas”.
Hay otro punto a tener presente que es que la ley ni siquiera clarifica quiénes serán las autoridades para definir quiénes pueden ser aceptados para entrar al Super RIGI. Al ser designado por un burócrata del Ministerio Economía, estaríamos hablando de una conversación en un cuarto cerrado con un vocero empresarial que ofrece una cartera de mil millones de dólares. No se necesita un delivery de lomito para convencerlo de que firme.
